“Las empresas micro y pequeñas son las que contratan mayormente sin seguridad social, y se agravaría la situación porque son las que recurren a la tercerización legal para contratar de manera formal; la prohibición haría mucho más factible la contratación en esquemas que alejen a las personas de la seguridad social, sobre todo en las micro que llegan a tener menos de cinco empleados”, aseveró Héctor Márquez, directivo de ManpowerGroup
Es una realidad que México requiere que se genere empleo formal. “Si no cuidamos y procuramos la generación de empleo formal, no se van a tener los niveles de bienestar que requiere el país. Es importante que se abone por mantener el empleo temporal formal, y seguir las vías para generar trabajos formales”.
La informalidad laboral es uno de los principales retos que históricamente ha enfrentado México y que, por las condiciones de la emergencia sanitaria, más la incertidumbre generada por el entorno a las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo podrían adelgazar los índices y tendencias de generación de empleo formal.
Héctor Márquez nos comenta que se ha detectado que el empleo informal tenderá a acoplar al mercado laboral actual, dado que absorbe a la mayoría de los trabajadores que quedarían eventualmente fuera de los esquemas de subcontratación.
De acuerdo con un análisis que realizó ManpowerGroup, se estima que 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing; 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social; y sólo 1 millón 380 mil serían absorbidos como empleados de base por las empresas.
Al cruzar los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con datos del Inegi, con las intenciones de contratación de las empresas, donde sólo el 30% de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60% pasaría a esquemas sin seguridad social y el 10% se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.
Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la Ley Federal del Trabajo.
Estos más de 3 millones de personas engrosarían la informalidad existente en México, donde se reportan más de 30 millones de empleados informales, y a la par se reduciría la formalidad actual de 23 millones de trabajadores, según el Inegi.
“Lo que podría ocurrir es que habrá algunos sectores que van a ir más a la informalidad si se recurre a la prohibición. Por ejemplo, el sector de transformación y muchas empresas grandes podrían tener más trabajadores de planta, pero en el campo se presentaría lo contrario y se verían aún más afectadas sus condiciones, al igual que las micro y pequeñas empresas”.
Por otro lado, se debe analizar que en el país sólo hay alrededor de un millón de empleadores que sí realizan contrataciones con seguridad social, pero el Inegi reporta 2.5 millones de empleadores, lo que significa que una gran mayoría opera en la informalidad.
En enero de 2021 el IMSS registró 1 millón 414 empleadores registrados, donde el 95% de éstos son empresas micro y pequeñas, mientras el restante 5% son medianas y grandes. (Redacción)
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