Jurisprudencia

Necesaria, más productividad ante aumento de mínimos

Reza el quijotesco refrán que una golondrina no hace verano, y esto bien que aplica al incremento de 20% para los salarios mínimos a partir del 1 de enero de 2023. Este aumento, por la forma en que fue concebido y acordado, queda lejos de resolver la crisis de poder adquisitivo de las clases de menores ingresos, no reactiva el mercado ni tiene un impacto en la economía que supere la problemática de la espiral inflacionaria en la que se encuentra el país, para incentivar las inversiones del sector productivo.

Con este aumento, los mínimos pasan de 172.87 a 207.94 pesos, lo que significa que los trabajadores recibirán 1,052 pesos más al mes, con excepción de la zona fronteriza del Norte, en la que los salarios pasan de 260.34 a 312.41 pesos diarios, incremento que equivale a 1,584 pesos mensuales, informa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y afirma que esto permite que el poder de compra se recupere en 90% entre los años 2018-2023. 

En opinión de Consultores Internacionales, S.C., los aumentos al salario “deben ir aparejados con políticas y acciones orientadas a mejorar la productividad, de lo contrario corren el riesgo de convertirse en un costo para la economía y aumento a la inflación”.

Bajo la premisa de aumentar los salarios mínimos en porcentajes mayores al índice de la inflación, para resarcir con ello el poder adquisitivo y activar, de esa forma, los mercados en función de evitar crisis económicas con crecimiento sostenido, el Gobierno Federal acordó con empresarios y sindicatos el 20%, que significa, en promedio y términos formales, 12 puntos más que la inflación. Con esto se cumple en forma llana la premisa.

Pero esa medida, dicho por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), beneficia a 6.4 millones de trabajadores, que son los que reciben un salario mínimo, de los 59.7 millones que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), es decir, a un 10.72% de este total. La cifra de favorecidos resulta muy baja y confusa, si se toman como referencia los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para medir la cantidad de personas que están en ese nivel de los mínimos, y que de acuerdo con la tabla que actualizó el 23 de noviembre de 2022, ese segmento es de 18 millones 301 mil 841 personas. Con base en estos datos, el 20% refacciona el ingreso de una tercera parte de los trabajadores que están en esa condición. 

En este contexto, Consultores Internacionales ha considerado que “para encontrar un equilibrio entre un crecimiento económico sostenido y condiciones adecuadas en el mercado laboral, es imperativo que el Gobierno Federal alinee los incrementos en el salario mínimo cercanamente con la inflación esperada, potencie la productividad de los trabajadores peor remunerados, y reduzca los costos regulatorios y administrativos de la formalización de negocios con el fin de reducir la informalidad laboral”.

No basta con un alto porcentaje en el aumento salarial. Víctor Hugo Pérez Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), a propósito de este tema publicó recientemente un análisis en el que precisa que “un aumento de 20% puede parecer elevado, pero la alta inflación que hemos experimentado en 2022 ha llevado a que los precios de los bienes y servicios consumidos por la población de menores recursos aumente en más de 14%, por lo que el aumento propuesto al salario mínimo representaría apenas un aumento real de poco más del 5%. A ese ritmo, se requeriría otro sexenio con aumentos reales de la misma magnitud para que el salario mínimo proveyera al menos los ingresos que requiere una familia para no ser considerada pobre.

“Aunque el salario mínimo no es la herramienta más adecuada para este fin, tiene el potencial de mejorar considerablemente los niveles de vida de un segmento de la población que ha sido históricamente relegada, promoviendo una mayor equidad e incentivando la actividad económica. Si el equipo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos logra transmitir este mensaje y aprovechan los lazos que ya ha forjado este Gobierno para la contención de la inflación, quizás se logre que las cámaras patronales vean las ventajas de seguir con la política de recuperación del salario y se logre continuar en el camino hacia la dignificación del trabajo en México”.

Para algunos analistas el aumento salarial de 20% no afectará la inflación, y ya existen antecedentes históricos de que estos incrementos se reflejen en un mayor índice inflacionario, como sucedió en el lapso de 1952 a 1970, en el que los salarios aumentaron 140%, sin que se activara la espiral inflacionaria.

Para la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) dicho aumento incentiva el empleo formal y desincentiva la informalidad en el mercado laboral, que en la actualidad es mayor que los empleos formales: de los 18.2 millones de trabajadores que tiene registrado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que perciben salario mínimo, sólo 47.2% están en este segmento. En información del INEGI, se precisa que en el segundo trimestre de 2022 aunque aumentó el empleo durante el segundo trimestre de 2022, 57.7% de la población trabaja en el sector informal, lo que equivale a 32 millones de personas.

En este orden de ideas, la postura de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) es que el aumento del 20% es un acto de justicia para los trabajadores. Y, asimismo, pide al Gobierno Federal mejores condiciones, propicias, para incentivar la inversión y productividad, para mantener el crecimiento del empleo formal.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que mejorar el ingreso de los trabajadores es una prioridad para el sector privado, pues ello abona a solucionar y enfrentar los retos que tiene México, para convertirlo en un mejor país, a pesar de las presiones inflacionarias.