Por Juan Danell Sánchez
El mundo se estremece ¿Y México? ¡También! La pandemia de coronavirus dio la estocada letal a las economías que ya arrastraban una crisis desde el año 2010. Esa situación llevó a organismos internacionales como la ONU, Banco Mundial y la OCDE a plantear la necesidad de un nuevo contrato social, mediante el cual se pueda resarcir el tejido del desarrollo y crecimiento de los países, sobre todo de los más pobres, de una manera justa, equilibrada y equitativa para todos los sectores de la sociedad, para erradicar la desigualdad sociopolítica y económica, con el objetivo de renovar un sistema por demás desgastado, agónico.
Hoy ese cambio global es urgente, así lo clasifican dichas organizaciones. Y la realidad cotidiana que se vive en el mundo lo exige para evitar un colapso largamente anunciado durante la historia contemporánea, a partir de la Segunda Guerra Mundial.
El dilema está en ver si los Estados, las sociedades y el capital están preparados y dispuestos a trascender hacia ese nuevo orden histórico en que la riqueza sea distribuida con un ajuste radical de las relaciones sociales de producción que den paso a la formación de un sistema equitativo, al grado de terminar con la pobreza y las desigualdades socioeconómicas y políticas, que es la propuesta contenida en un nuevo contrato social, en sustitución del actual que ya se reconoce como un fracaso.
En el informe anual Perspectivas Económicas de América Latina 2018, la OCDE, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Unión Europea (UE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marcaron la necesidad de repensar las instituciones en América Latina y el Caribe “para fortalecer su vínculo con la ciudadanía y su capacidad de responder a las demandas de una sociedad con nuevas expectativas”.
El contexto actual de pandemia abre una ventana de oportunidad para emprender los procesos políticos necesarios para construir un nuevo contrato social que restaure la satisfacción y la confianza de la población en las instituciones públicas. En el marco de la Cumbre Ministerial Virtual sobre Inclusión Social OCDE-América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, llamó a promover políticas sociales universales, redistributivas y solidarias para enfrentar la crisis.
En octubre de 2018, el entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, precisó en un discurso en la Universidad de Stanford, que es importante invertir en las personas como eje para superar las crisis socioeconómicas, debido a que “ahora comprendemos más claramente que la salud y la educación son mucho más significativas para el crecimiento económico de lo que pensábamos”. Esta tesis, la de colocar a las personas en el centro de atención y punto de partida para estructurar estrategias y políticas públicas para el desarrollo y crecimiento de los países, es la base sobre la que trabajaron entre 2010 y 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas para establecer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como columna vertebral de la agenda 2030, que es una clara propuesta para alcanzar un nuevo contrato social global.
Este contexto internacional ejerce una enorme presión en México, que atraviesa por una crisis estructural agudizada por la pandemia y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar, y eso lleva a la urgencia de articular y establecer un nuevo contrato social para evitar la debacle del país.
Jorge Sales Boyoli, socio fundador del despacho de abogados Especialistas Laborales Sales Boyoli, afirma que “estamos cruzando un umbral histórico del que no hay regreso y bajo estas premisas creemos que las estructuras laborales, sociolaborales, no están exentas de este cambio de época y también requieren replantearse, y es en ese marco en el que estamos planteando la necesidad de un nuevo contrato social, entendiendo que el trabajo es una de las emancipaciones sociales más importantes, el trabajo humano. Aquí es donde planteamos un nuevo acuerdo entre empleadores, trabajadores y sindicatos como para repensar el mundo del trabajo”.
El Banco Mundial determina que “debemos construir tecnologías que incluyan en su arquitectura central a los más pobres y a los más vulnerables; la solidaridad humana debe estar grabada en el ADN de cada innovación”.
En el mismo tenor, la OCDE se ha pronunciado en el sentido de que “la legitimidad, la confianza en los Estados está hoy a prueba y ante la desconexión entre la sociedad y el Estado se debe avanzar hacia amplios pactos sociales en los principales sectores políticos, como una vía para concretar estados de bienestar y modelos sostenibles de producción y consumo, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
En este sentido, Sales Boyoli precisa que es evidente que en México más que vivir una época de cambios, vivimos un cambio de época que se presenta cuando toda la partitura que explica nuestra vida como sociedad se queda corta, es decir, cuando el instructivo ya no nos sirve, cuando las instrucciones ya no nos sirven para estos cambios tan abruptos que estamos viviendo.
Desde la óptica del sector laboral, en la firma, dice, hemos identificado cuatro síntomas de estos cambios: volatilidad, incertidumbre, complicidad y ansiedad. Y los agrupamos en un acrónimo que es VICA. Con base en esto, también identificamos, explica, cuatro patas que sostienen la mesa de un nuevo contrato social: una es la necesidad de una renta básica; la segunda es un seguro de desempleo; tercera, la urgente regulación de los colaboradores de las plataformas digitales, y la cuarta es el teletrabajo.
Aquí es donde se tendría que construir un andamiaje jurídico y social para que a través de esas cuatro instituciones se repiense el mundo del trabajo y sentar las bases de un contrato social en el que se pueda cerrar la desigualdad, en México está más acentuado esto de la pobreza y la desigualdad, que al final son dos cosas diferentes.
En México un trabajador que preste sus servicios en el mercado formal no tendría por qué ser pobre, algo está mal cuando esas personas que tienen un trabajo formal están en la pobreza y no tienen para alimentarse.
Con esas cuatro patas se podría incorporar el cumplimiento de los ODS. Nos parece que un seguro de desempleo real, como en otras economías, constituiría una red de protección importante para el empleo, habría menos demandas laborales, porque la gente acude a éstas como una forma de fondearse, señala.
En cuanto a cómo establecer el monto del seguro de desempleo, explica que hay dos criterios que podrían funcionar: el costo de una canasta básica que incluye la alimentaria y la no alimentaria, transporte, servicios, vestido, y ese costo es de unos 3 mil pesos por persona, y si pensamos en una familia básica de tres personas, tendría que ser un promedio de 10 mil pesos mensuales.
En la propuesta para un nuevo contrato social que el Banco Mundial ha manejado en los últimos cinco años, se plantea la necesidad de destinar más recursos financieros para salud y educación y promover sociedades resilientes a través de la protección social. En los países en desarrollo, especialmente los de ingreso bajo, el 90% de los trabajadores tiene empleos informales, es decir, no trabajan para empresas que les brinden beneficios sociales. Dada la cambiante naturaleza de los empleos y las habilidades, éste es uno de los grandes desafíos al considerar los efectos de la automatización en la sociedad.
No se debe perder de vista que la cantidad de pobres que habitan en países frágiles se ha incrementado de 439 millones en 2010 a más de 2 mil millones en la actualidad. En el caso de México la informalidad laboral es de 56% (53 millones de personas) de la población mayor a 15 años, que es de 95.6 millones.
Urge la sacudida estructural que exige un nuevo contrato social, en esto todo mundo está de acuerdo, el cómo lograrlo es un proceso que llevará años, lo cual ya fue visualizado por Naciones Unidas en la Agenda 2030. En México los especialistas ven como el principal obstáculo para llegar a esa meta, la concentración del poder en el gobierno y el marasmo de los poderes Judicial y Legislativo.
Se requiere transformar el modelo de desarrollo y promover políticas sociales universales, redistributivas y solidarias emanadas de los sectores sociales, éstas no son ocurrencias personales como las de la administración gubernamental.
