Las autoridades deben redoblar el paso en supervisar las prácticas de evasión fiscal y utilizar una figura similar a la de outsourcing
Por Marielena Vega
En México, 4 millones 128 mil 912 trabajadores se encuentran contratados bajo un esquema de tercerización.
Acotar la figura de subcontratación a plazas especializadas puede desmotivar el uso de este esquema en las mipymes, y que éstas opten por permanecer en la informalidad.
Mientras que los cinco pilares sobre los que avanzará la iniciativa de reforma para la tercerización se han establecido, especialistas laborales coinciden en que esta propuesta puede ser limitada para las micro y pequeñas empresas, además de que en términos de sanción las autoridades han sido “permisivas” y poco orientadas a “vigilar las prácticas ilegales”.
El eje de la reforma se centra en cinco aspectos: registro nacional, fortalecimiento de la figura de las inspecciones, subcontratación acotada, especialización y transparencia en contrataciones.
De acuerdo con Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, la subcontratación representa una plataforma para pasar de la informalidad a la formalidad en contratación, pero para lograr ese objetivo la “vigilancia por parte de las autoridades y la debida sanción son fundamentales, prácticas que hoy son ausentes”.
El desafío se observa en los apartados tres, cuatro y cinco, referentes a que no se podrá abarcar la totalidad de las actividades de una empresa al tercerizar, sino que las contrataciones por subcontratación deberán justificarse por el carácter especializado de las tareas.
En México, existen cerca de 4.2 millones de mipymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del producto interno bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal, para lo que el directivo señaló que “estas organizaciones no realizan contrataciones masivas, sino que quieren cubrir cierto número de vacantes a través de un solo esquema, sin estar pensando en la especialización o no”.
Por eso, los últimos tres puntos de la reforma pudieran desincentivar el uso de la subcontratación.
El sector empresarial no puede hacer el papel de auditor
En los últimos cinco años esta modalidad de subcontratación creció 37% en México, lo que representa la fuente de empleo para 4 millones 128 mil 912 colaboradores —13% del personal ocupado en el país—, de acuerdo con cifras del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2019.
Así que la llegada de una nueva reforma para los esquemas de subcontratación es oportuna, ya que representa un importante mecanismo de administración para la fuerza laboral que debe ser vigilado. No obstante, la estructura de esta reforma debe contemplar a las empresas “y ser realista”. En muchas de estas pymes la subcontratación puede ser su camino para moverse en la legalidad y su uso quedaría acotado.
EN OPINIÓN DE…
César Maillard Canudas, socio fundador del despacho Maillard Laboral
La Reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, el régimen de subcontratación regulado en los artículos 15-A a 15-D, es legal, entendiéndose que es el medio por el que un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas, bajo los requisitos que la propia ley dispone. Por lo cual se propone lo siguiente:
1. Toda vez que el esquema de subcontratación es legal, es necesario considerar que el factor que ha afectado a su debido desarrollo son los esquemas fiscales para evadir impuestos, generando facturas falsas y que no atienden a una real subcontratación, circunstancias que deben ser evaluadas, sin afectar con las medidas impuestas a aquellas empresas que son un verdadero aliado estratégico.
2. La real subcontratación atiende a la especialización del régimen, el otorgamiento de seguridad social a los trabajadores, el pago de los impuestos correspondientes; se trata de un régimen que no disminuye las prestaciones de los trabajadores, por estas y más razones no debe desaparecer la figura, reiteramos:
Lo que debe atacarse son los esquemas fiscales que evaden impuestos.
Esto se relaciona con el reparto de utilidades y la subcontratación. Hoy se tienen diversas cargas patronales de la nómina de alrededor de un promedio de 35% de IMSS, 5% de Infonavit, 3% sobre nóminas e ISR, aunado a que la informalidad afecta a los establecimientos regulados que pagan impuestos y, por ende, al trabajo formal.
El gobierno les cobra diariamente una cantidad que debería ingresar al erario a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sumado al 3% que se castiga al empleador formal, montos que generarían un fondo suficiente a fin de crear un seguro de desempleo.
Se propone que el impuesto a la nómina y las cuotas locales de locatarios y vendedores en la vía pública se recauden y apliquen para la creación de fondos de retiro o fondos de cobertura de desempleo, con la debida rendición de cuentas más 3% con que se castiga al empleador formal.
Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra
Hay varias propuestas, dos o tres de Morena.
La verdad es que quieren satanizar el outsourcing y se confunde con esquemas de evasión fiscales, porque muchos negocios se hacían a través de una subfigura ilegal, basándose como outsourcing.
Lo que se debería regular son las situaciones fiscales donde opera ese tipo de figuras de evasión fiscal.
Afectar el outsourcing podría ser una regresión, motivando a la informalidad o a la evasión de impuestos en lugar de avanzar.
Para muchas empresas será más barato pagar en efectivo que por vía legal. Y lo que se debe premiar es la formalidad, el que se establezca certeza jurídica y condiciones para la generación de la economía formal y el empleo.
Sí debe haber una reforma para el outsourcing, pero dejar de catalogarlo en los niveles de delito de lavado de dinero.
Las autoridades deben redoblar esfuerzos en supervisar cuando hay o no una simulación de outsourcing. La empresa no puede ser auditora.
Carlos de Buen, socio director del Bufete de Buen, SC
La famosa reforma de 2012, que agregó los artículos 15-A, B y C, no se ha puesto en práctica, así que si se pusiera en práctica no se requeriría de mayor reforma a la tercerización o outsourcing, no debería haber prisa por modificar esas disposiciones, lo que está en el Senado es una situación sobre dos propuestas.
Una que busca la creación de un registro tanto para las empresas que recurren a la subcontratación como para las empresas de outsourcing.
Y la otra es de Napoleón Gómez Urrutia, que propone no permitir la subcontratación cuando se trata de la tarea esencial de la empresa.
Sólo que seguir regulando estas prácticas pondría en riesgo a los sectores empresarial y laboral, porque hasta dónde sería subcontratación y qué es trabajo esencial. Cómo saber si se tiene capacidad o no, y ello podría caer en el riesgo de generar burocracia.
Hay mucho riesgo porque habría de darse el factor de supervisión y eso es lo que ha faltado siempre.
Ricardo Martínez, socio director del despacho De la Vega, Martínez y Asociados
No se hace necesaria la reforma al artículo 15-A, la reforma de 2012 regula la subcontratación porque cuando le agregaron los diputados los tres requisitos que se necesitan para considerar un servicio como subcontratación o outsourcing, delimita y deja fuera las prácticas ilegales.
Quedó una buena reforma desde entonces. Lo que falta en México es que se aplique una verdadera supervisión y se audite a las empresas ilegales, no a las de siempre. Pero ésa es tarea de las autoridades.
No pueden pasarle la responsabilidad al sector empresarial. Las autoridades siempre se van a las mismas empresas para cumplir con su cuota.
Dependería de la Secretaría del Trabajo y de los gobiernos locales para supervisar a quienes evaden impuestos, bajo una figura similar o no.
En el proyecto que se ha presentado a los diputados, se sugiere un registro nacional de subcontratación. Lo cual, además de ser burocracia, limita la subcontratación y frena el empleo.
El IMSS ya tiene un registro de empresas, pero ha sido un fracaso porque nadie lo toma en cuenta.
Se debe ir a combatir a las factureras, no a la subcontratación.
Rafael Avante, ex subsecretario de Trabajo
El esquema de outsourcing debe tener las herramientas suficientes para empoderar al trabajador y reconocer plenamente sus derechos laborales.
Es necesario crear un mecanismo que permita certificar a las empresas que brindan servicios de subcontratación, no se debe criminalizar este esquema de trabajo. Aplicar la normatividad y distinguir las buenas prácticas de las malas. Ante la caída de empleos formales, disminución del 4% en el índice de confianza empresarial y una informalidad de casi el 57%, no es un escenario adecuado para generar más incertidumbre.
Es muy acertada la propuesta que presentó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para regular las malas prácticas en el outsourcing, el intercambio de información entre varias dependencias servirá para identificar a las empresas que están actuando de manera incorrecta.
Se debe regular y vigilar su adecuado funcionamiento.
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