Por Jonathan Monter Sonck
Existen muchos retos en nuestro país en cuanto a la implementación de la Reforma Laboral, sobre todo en el marco del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En mayo pasado se recibieron dos quejas por parte del gobierno de Estados Unidos, en ambos casos por una supuesta “negación del derecho de libre asociación y de la negociación colectiva” a los trabajadores, tanto de la planta de General Motors de Silao, en Guanajuato, como de Tridonex, filial de una empresa de componentes para la industria automotriz ubicada en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas.
Para la resolución de estos conflictos se apeló al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR), el cual “se diferencia de otros mecanismos de resolución de controversias en que las sanciones comerciales se aplican directamente a las empresas y éstas pudieran hacerse extensivas a la cadena de valor de productos manufacturados, impactando así sus exportaciones”.
Además, permite que las controversias puedan solucionarse en un periodo de cuatro meses.
Por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a trabajar con el gobierno estadounidense en la elaboración de un plan para remediar la negación de los derechos de los trabajadores en la planta de camionetas de General Motors en Silao, Guanajuato.
En este sentido, el gobierno mexicano envió su respuesta el pasado 26 de junio, justo antes de que finalizara el plazo de 45 días para que respondiera a una queja de Estados Unidos bajo el TMEC.
Ahora, ambos países tiene un plazo de 10 días para consultar y acordar medidas de reparación.
Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, explicó que se trata de un mecanismo que nunca ha sucedido. Sin embargo, las sanciones se pudieran dar si no existe reparación del daño, por lo que este daño podría repararse al convocar a nueva votación.
Lo que sucede es que tal votación se retrasó más allá de la fecha límite establecida por las autoridades mexicanas.
Por lo que, de no llegar a un acuerdo, Estados Unidos estaría en facultades de solicitar la creación de un panel laboral de respuesta rápida. Si este panel determina la existencia de una denegación de derechos, podría imponer soluciones como la revocación del estatus de libre comercio, es decir, que los vehículos tengan un arancel del 25 por ciento.
Así que no sólo está en juego demostrar la aplicación de la democracia sindical y libertad de asociación en las empresas mexicanas, sino la efectividad al aplicar este nuevo mecanismo que, de acuerdo con lo consensuado en el TMEC, de no solucionarse en tiempo y forma estas quejas, se pueden imponer restricciones a las exportaciones de nuestro país hacia el país vecino, lo cual representaría un fuerte golpe a la industria mexicana.
Sin embargo, no sólo el gobierno estadounidense presentó estas demandas, también el gobierno mexicano denunció una presunta falta de aplicación “de leyes laborales dentro de la industria agrícola” y el incumplimiento de protocolos “en el procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó nueve omisiones, tales como: impago de salarios y tiempo extra, exclusión de los trabajadores agrícolas de las horas extra y el salario mínimo, además del derecho a la organización y negociación colectiva.
No obstante, no se mencionó ninguna empresa en específico, lo cual implica que el impacto de estas denuncias fue mucho menor a las hechas en contra de nuestro país.
El tema laboral tiene varias aristas para tomar en cuenta, y una de ellas es que las intervenciones de Estados Unidos en esta materia podrían interpretarse como una violación a la soberanía mexicana, por ejemplo, en 2019 se planteó una iniciativa para enviar “inspectores” encargados de vigilar que la Reforma Laboral realmente se estuviera aplicando, a lo que el gobierno mexicano reaccionó negativamente.
Sin embargo, hace unos días se anunció en un comunicado de la Casa Blanca que Estados Unidos invertirá 130 millones de dólares en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y otros rubros para mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos.
Esto podría implicar una merma en la capacidad de autonomía del gobierno mexicano en este rubro.
Y si bien es comprensible la postura estadounidense, quien ante la principal ventaja competitiva de México, que es su mano de obra barata, busca mejorar las condiciones laborales y el pago de los trabajadores mexicanos como forma de evitar que las compañías subvaloren a los trabajadores estadounidenses y canadienses al trasladar sus fábricas a México, es importante evaluar qué tan prudente es que el gobierno de Estados Unidos esté tan implicado en este proceso de carácter interno.
Y es que la implementación de la Reforma Laboral es un enorme desafío para México, empezando porque la estructura sindical de nuestro país está envuelta en una serie de usos y costumbres que, aunque algunos líderes sean ya de una nueva generación, es difícil de modificar.
Se requiere, por lo tanto, de una verdadera voluntad de todas las partes implicadas para que se comprenda que los beneficios de esta reforma son mayores, a corto y largo plazo, a los beneficios de los que gozan actualmente.
Por lo pronto, es importante que nuestro país reaccione de forma pronta y eficiente ante estas querellas, debido a que pueden tener un impacto negativo en la inversión a largo plazo.
No olvidemos que, debido a las particulares condiciones de recesión económica a escala mundial ocasionadas por la pandemia de Covid-19, la competencia entre países se ha incrementado, por lo que hoy más que nunca es importante que nuestro país se asegure de dar certeza en cuanto a su estado de derecho para ser atractivo a los ojos de los inversionistas, y que el TMEC sea realmente el resorte que necesita México para reactivar su economía.
[pdf id=2285]
