Por Georgina Howard
Los efectos de la pandemia por Covid-19 en México alteraron diversos sectores del país, y la parte legislativa no fue la excepción, varios temas en la agenda no pudieron subirse al pleno de la Cámara alta y se espera que en septiembre próximo, cuando se instale el Congreso, puedan ser discutidos.
Tal es el caso del dictamen que se presentó en el Senado de la República en noviembre de 2019 y fue aprobado el 3 de diciembre de ese año por los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, para implementar un sistema de gestión que permita verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La propuesta de este dictamen tiene como uno de sus principales méritos diferenciar una subcontratación correcta de una ilegal, porque define con claridad la modificación al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
Con estos cambios previstos se eliminan las ambigüedades que el outsourcing ilegal aprovecha para continuar operando, e impide que las y los trabajadores sean víctimas de una competencia desleal y en condiciones laborales perjudiciales.
Pero no todos están de acuerdo con esas modificaciones. Para Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de dictamen que se pretende aprobar en el pleno de la Cámara alta sólo legaliza la terciarización ilegal.
En su opinión, se mantiene vivo el insourcing, práctica de los grandes consorcios de crear subsidiarias para evadir al fisco y sus responsabilidades laborales, porque se da vuelta a la figura de responsabilidad solidaria para permitir que los patrones puedan seguir evadiendo el reparto de utilidades al personal sindicalizado y a los empleados de confianza.
De acuerdo con datos de la STPS y de la Secretaría de Hacienda, en México existen más de 8.2 millones de trabajadores contratados bajo un esquema de outsourcing.
Se tienen detectadas, según la STPS, seis mil empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegales que evaden al fisco con 21 mil millones de pesos anuales, defraudan al IMSS con cerca de 50 mil millones de pesos al no pagar las cuotas correspondientes y tienen contratados a cerca de cinco millones de trabajadores en el país bajo esos esquemas.
Estas empresas se concentran en siete rubros de subcontratación que tienen relación con el sector hotelero, servicios informáticos, los llamados call-center, farmacéuticas, minerías y producción de alimentos.
En estos sectores se ha detectado, tan sólo en diciembre de 2019, a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente en 36 empresas involucradas bajo distintas tipologías establecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera:
Generación de empresas fachada: constitución de sociedades mercantiles que no realizan operaciones y sirvieron de base como vehículo para cometer actos de corrupción.
Facturación de operaciones simuladas: con la finalidad de generar una afectación al fisco, obteniendo por parte de las empresas un beneficio, a partir de simular operaciones.
Outsourcing ilegal: ya se han presentado 51 denuncias, de las cuales 31 son ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con outsourcing ilegal.
Lo cierto es que, a raíz de la pandemia y el obligado confinamiento, más de 14 mil empresas que hacían subcontrataciones ilegales dieron de baja a más de 64 mil trabajadores subcontratados en el país, dejándolos en total desprotección.
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