Por Marielena Vega
El tema legal de las empresas está muy complicado por todos lados, algunas hacen su mejor esfuerzo por mantenerse vivas y pagan sueldos, pero a medida que se va alargando la situación, esto se vuelve cada vez más difícil.
En entrevista para Evidencias, el maestro en sociología por la UIA, Carlos de Buen, asegura que ya estamos hablando de un millón o más de trabajadores que han perdido su trabajo en el sector formal o informal. “Los cuales de pronto no reciben ningún ingreso seguro, si de por sí vivían al día, se han quedado sin esos ingresos, gente que al mes ya tampoco tienen esas posibilidades”.
Habrá un enorme número de demandas. En estos momentos los tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje no están recibiendo demandas, sólo las juntas federales, pero simplemente las reciben y hasta ahí, no avanza un paso el procedimiento, dice.
“Tenemos que esperar a que reinicien labores y, efectivamente, va a venir un cúmulo enorme de asuntos. Ahora, esto no soluciona las cosas a corto plazo, porque simplemente, salvo que lleguemos a algún arreglo las partes, es un juicio largo, si somos optimistas hablamos de cuatro años, insisto, siendo demasiado optimistas. Nadie aguantará tanto tiempo en un momento de crisis económica”.
-¿Hay posibilidades de hacer algo para evitar este colapso no sólo empresarial, laboral sino también en el sector legal?
-Sí, el gobierno federal, pero no tiene ganas de entrarle por ese lado, según lo ha demostrado ampliamente, no hay ningún apoyo a las empresas. Bueno, hay uno de microcréditos, en todo caso podrían favorecer a empresas pequeñitas, cualquier sueldo regular de una persona pues se los lleva y ya, no digamos un gran sueldo. Eso no mantiene a la economía, es otra vez un programa de asistencia social, no de desarrollo, ese dinero no echa a andar a una empresa y, por otro lado, debería esperan incentivos fiscales y créditos un poco mayores, no parece venir de ningún lado, asevera el también especialista en Derecho del Trabajo.
El tema es muy delicado, tenemos el gran problema de decidirnos por la salud o la economía e, insisto, dice Carlos de Buen, quien podría hasta endeudarse si fuera necesario, como es el caso, es el gobierno federal.
-¿Cuántos de estos juicios o denuncias laborales podrían proceder?
-El tema es muy difícil de visualizar jurídicamente, tenemos una ley vigente, nos guste o no, que dice que en caso de una contingencia sanitaria, que evidentemente es lo que estamos viviendo, aunque no se le quiera llamar así, las empresas tendrán que pagar hasta un máximo de 30 días de salario mínimo a sus trabajadores sin importar el salario que ganen ellos.
“Esto es la reforma que convinieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es una reforma absolutamente criminal para los trabajadores, se pone sobre los hombros de los trabajadores toda la carga del costo de la pandemia.
“Por eso mismo el gobierno actual no quiso esa situación, le dio la vuelta y en lugar de hablar de una contingencia sanitaria se habla de una emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, al mismo tiempo manda un mensaje que evidentemente no es una cuestión legal de que hay que seguir pagando los salarios”.
-Inclusive en esa versión de la fuerza mayor, también hay una disposición legal a pedir posteriormente una autorización a la Junta de Conciliación y Arbitraje y el pago no es de un mes de salario mínimo, sino de un mes del salario normal del trabajador.
-Cuando estamos hablando de un problema que ya rebasó los dos meses y ya estamos acercándonos a los tres meses en algunos casos, pues tampoco la solución del mes de salario integral va a servir de mucho, aunque es mejor lo que está en la ley.
Carlos de Buen explica a Evidencias que las empresas todavía podrían hacer valer que se trata de una contingencia sanitaria en contra de la opinión del gobierno, y serán las Juntas de Conciliación y Arbitraje las que verán quién tiene la razón. “No queda duda que van a decir que el gobierno tiene la razón, dependen del gobierno, pero entonces habría que ir a un amparo y quizá en el Poder Judicial de la Federación encontraríamos una respuesta más aceptable jurídicamente”.
-A inicio de este año se dio un ajuste al salario mínimo, ¿esto de verdad tuvo un impacto de frente a la situación que estamos viviendo, o frente a todo esto que estamos viviendo a nivel laboral está prácticamente nulo?
-No quedará nulo, porque se incrementó el salario mínimo, se sienta una base para nuevos incrementos en los años subsecuentes, con las condiciones de decrecimiento no sabemos qué decisiones se vayan a tomar formalmente en el ámbito de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya sabemos que esto lo traen los gobiernos anteriores y lo seguirán haciendo ahora, lo que digan en la Presidencia de la República o en todo caso con la opinión del secretario de Hacienda.
-El TMEC 1 de julio
-El tema del Tratado de Libre Comercio no tiene tanto que ver, por lo menos no directamente con la cuestión salarial, los problemas mayores son los de las federaciones colectivas, las representaciones de los sindicatos, porque hemos vivido un mundo de ficción con los sindicatos, la gran mayoría de ellos son corruptos, no ven por los trabajadores sino por los propios bolsillos de los líderes, en todo caso apoyan a las empresas.
“Entonces esto ha sido la gran reclamación digamos de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que ahí sí tienen una fuerza suficiente para convertir esa reclamación en exigencias gubernamentales.
“Pero esto ya se dio, se dio inclusive en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y venía de un poco antes, cuando estábamos negociando el tratado transpacífico, se dieron cambios en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y ahí sí las autoridades del gobierno actual están absolutamente comprometidas a la transparencia sindical hacia los sindicatos más representativos, estamos trabajando creo bastante bien en ese sentido.
“El otro gran punto en el cual también se ha avanzado mucho es en el de la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales, este año, en octubre, tendremos, formalmente hablando, los primeros 10 estados que cambien de juntas de conciliación y arbitraje a juzgado, y eso es una gran noticia. Lo demás debe salir automáticamente con sindicatos más representativos y hay que tener mejores salarios”.
-Mucho se decía que las juntas de conciliación y arbitraje entrarían a operar hasta que terminaran todos sus procesos o todos los casos que tiene, y si se espera un boom de denuncias o demandas, ¿esto no sería tener dos figuras?
-Tienes toda la razón, se ha planteado, inclusive si vemos los artículos transitorios a la reforma constitucional de 2018 al artículo 123 se habla de esta transición de las juntas a los juzgados y se habla de que los expedientes se trasladarán a los nuevos juzgados.
“Sin embargo, en la reforma legal en un sentido totalmente inconstitucional se habla de que las juntas van a seguir manejando sus propios asuntos que ya recibieron antes de la creación de los juzgados hasta que concluyan, entonces efectivamente vamos a tener dos figuras.
“Yo en lo personal estoy muy decepcionado de que no hay señales claras de que las juntas estén trabajando, sacando las soluciones pendientes, tanto laudos como otro tipo de resoluciones”.
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