Por Jonathan Monter Sonck
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca es, a todas luces, el prolegómeno de un nuevo entendimiento en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Si bien hubo detalles de poca cortesía por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su homólogo en las primeras decisiones ejecutivas que tomó Biden, existen coincidencias en las inquietudes de México en la actualidad, como son: la pandemia, la política migratoria y la reactivación económica.
Un punto medular de esta relación es la comercial, ya que se trata de nuestro principal socio en este rubro. En este sentido, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) representa una oportunidad para distintos sectores de la economía nacional, así como un marco de certidumbre que servirá para apalancar el alicaído desarrollo del país.
No obstante, junto a esas ventajas el cumplimiento de este acuerdo comercial trae consigo varios retos, uno de ellos es el referente al apartado laboral.
No debemos olvidar que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, votó en contra del TMEC cuando fue congresista, argumentando cuestiones de incumplimiento por parte de México, por lo que la bancada demócrata estadounidense no ve el acuerdo con tan buenos ojos.
La propia Nancy Pelosi, lideresa de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue una de las principales impulsoras para incluir y sacar adelante el capítulo laboral del acuerdo, que técnicamente es la implementación de la Reforma Laboral en México.
Pasos a seguir
Es por ello que con el fin de monitorear y evaluar la implementación de dicha reforma en México y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, el Congreso estadounidense estableció, vía la sección 731 de la Ley de Implementación del TMEC, la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, la cual está conformada por 10 integrantes: cuatro nombrados por los sindicatos, cuatro por legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y dos nombrados por los republicanos.
- Esta Junta entregó al gobierno de Joe Biden el primer reporte sobre los avances de la reforma laboral que entró en vigor en mayo de 2019, haciendo hincapié en los desafíos que significan aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, “hay preocupaciones serias”.
- Parte de las dificultades que tienen identificadas son los “contratos de protección” que se firman con sindicatos controlados por las empresas sin que los trabajadores conozcan su contenido, enfrentándose a bajos salarios.
En el contexto de la competitividad regional frente a China, el documento destaca los modelos flexibles de contratación laboral que operan en Estados Unidos y Canadá en sectores relevantes como el automotor, telecomunicaciones, electrónica y minería, por lo que recomienda tener una legislación nacional que aplique en todo México, como ocurre en la Unión Americana, y no haya trato diferente por Estado.
- Entre otros aspectos, los expertos sugieren que la nueva administración de EU promueva una reorganización del calendario de implementación de la Reforma Laboral en los estados de la República Mexicana en donde aún deben ponerse en marcha los nuevos tribunales laborales y los centros de conciliación locales, de modo que el cronograma se alinee mejor con el anexo 23-A del TMEC.
Poner fin a la violencia contra los trabajadores, promover la transparencia de los contratos colectivos de trabajo y adelantar el cumplimiento de la reforma laboral en estados donde hay sectores económicos prioritarios para el TMEC, como Tamaulipas y Nuevo León, son algunas de las recomendaciones hechas por el organismo.
Y es que hasta hace algunos años, en México no se tenían las condiciones políticas, sociales y comerciales para que se pusiera especial énfasis en el tema laboral, por lo que el TMEC plantea los escenarios propicios para que adquieran la relevancia que ameritan.
Uno de los primeros pasos ocurrió en febrero de 2017, cuando se realizaron modificaciones constitucionales en materia laboral para establecer un nuevo sistema de justicia laboral, que plantea sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje por juzgados laborales, tanto federales como estatales, así como la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Más tarde se dio un segundo paso con la Reforma Laboral promulgada el 1 de mayo de 2019, que incluyó temas de negociación colectiva, democracia y transparencia sindical, así como de administración de justicia.
Sin embargo, el TMEC vino a reafirmar la obligación de salvaguardar los derechos laborales, pues para poder gozar de los distintos beneficios que ofrece el tratado, un requisito que debe cumplir México es garantizar, entre otras cosas, lo establecido en el capítulo 23 del acuerdo, el cual apunta a:
La libertad de asociación y la negociación colectiva.
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo.
La abolición del trabajo infantil.
Regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo se establece el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas”, en donde los procedimientos entre Estados Unidos y México se estipulan en el anexo 31-A, y los establecidos entre México y Canadá en el anexo 31-B.
Los mencionados mecanismos tienen como propósito garantizar la reparación de una denegación de derechos (libertad de asociación, salario mínimo, etcétera), lo que se resolverá en un panel arbitrario que verificará y emitirá una resolución.
Para cumplir con lo anterior, será necesario que en el país se mejoren las condiciones de los trabajadores, comenzando por los niveles salariales, los cuales, a pesar del aumento al salario mínimo recién anunciado, están muy por debajo de lo que señala el TMEC, hasta garantizarles procesos sindicales más libres y transparentes para la elección de sus representantes y dirigencias.
Bajo la lupa de EU
El adaptarse a los nuevos procesos establecidos en la legislación actual, en apego a las nuevas disposiciones del TMEC, exige vigilar y procurar una correcta impartición de justicia en el ámbito laboral, cosa que se antoja difícil pues se trata de un sistema completamente nuevo para el país.
Lo anterior ayudará a que tanto los trabajadores como las empresas y los diferentes gremios del país tengan cierta certeza jurídica, lo que siempre será atractivo para los inversionistas y, consecuentemente, hará que los distintos actores salgan beneficiados dentro de la nueva etapa de comercio en América del Norte.
Sin duda, se trata de todo un reto para las empresas, sobre todo para aquellas que forman parte del sector manufacturero y están ligadas a la industria automotriz, la cual enfrenta una compleja transición hacia el nuevo tratado, debido al cumplimiento de nuevos temas como el valor de contenido regional, el porcentaje de acero y aluminio empleado en la fabricación de automóviles, y el valor de contenido laboral.
En suma, las empresas deberán tener, a partir de este momento, mayores nociones en el tema del cumplimiento de sus obligaciones de carácter laboral, si es que quieren ser partícipes de los beneficios del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Se trata de un tema relevante sobre el cual, incluso, se pronunció la AFL-CIO, federación laboral que aglutina a más de 12 millones de trabajadores sindicalizados estadounidenses, al señalar la importancia del cumplimiento e implementación de la nueva legislación laboral.
Cumplir con lo que dicta la ley protegerá a las organizaciones ante posibles sanciones y llamados de organismos de resolución de controversias. Además, será esa la clave que permita ver los efectos positivos de todos aquellos pasos que, en los últimos años, se han dado en materia laboral, contribuyendo no sólo al bienestar de los empleados y de las empresas, sino al de todo el país.
Los términos y mecanismos en la materia, contenidos en el TMEC, establecen que no se harán cambios a la legislación laboral en México que afecten la operación de empresas de los Estados miembros de América del Norte.
En este sentido, la iniciativa de ley que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prohibir el outsourcing en México, entrará en franca oposición al TMEC, provocaría que el país enfrente procesos y paneles que representarán un alto costo por las compensaciones a pagar, aunado a que los proyectos de inversión se vendrían abajo.
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