Por Juan Danell Sánchez
En materia de derechos humanos, laborales, económicos y sociales hay temas que, por su complejidad, punzan el alma del país. Éste es el caso de los jornaleros agrícolas. Analistas, políticos y especialistas coinciden en que la problemática de estos trabajadores y sus familias es herencia histórica derivada del despojo y explotación a que fueron sometidos los grupos étnicos de México durante la Colonia, y hasta la fecha no han sido resarcidos.
En el reporte de noviembre de 2020 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se plantea que “a menudo los trabajadores agrícolas carecen de acceso a equipos de protección personal adecuados, al suministro de agua, a instalaciones sanitarias y están expuestos a riesgos de contagio de enfermedades, debido a la limitada implementación de políticas y medidas de seguridad y salud en las actividades agrícolas”.
Aun cuando las estadísticas referentes al número que conforma este sector social son imprecisas, dado que algunos organismos y autores lo ubican en poco más de 6 millones de personas, otros lo citan con más de 9 millones; pero en todos los casos, por sí mismas, son crueles al dibujar numéricamente la realidad actual de este grupo laboral: “Sólo tres de cada cien personas trabajadoras agrícolas de apoyo tienen un contrato escrito; de ellas, seis de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual, las cuatro restantes son de base o planta”, reveló en 2016, con base en información del Inegi, la entonces Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, en la ficha temática “Personas jornaleras agrícolas”.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el Reporte Jornaleros en México de junio de 2019, precisa estadísticas sobre ocupación y salarios de esta parte de la población trabajadora:
“En el primer trimestre de 2019 trabajaron 6’591,243 personas en el sector primario, de las cuales 5’783,472 trabajan en la informalidad, o sea el 87.7% se emplea en actividades no reguladas, bajo condiciones vulnerables que no garantizan sus derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, acceso a instituciones de salud, entre otros que marca la ley.
“De los subordinados que reciben una remuneración por su trabajo, 2’856,951 trabajadores reciben un salario y 180,597 perciben un pago no monetario, el cual puede ser en especie o en cualquier acuerdo que lleguen a tener el patrón y el trabajador. Del total de jornaleros que trabajan, 47.0% tiene un rango de edad de 20 a 39 años; 29.1% de 40 a 59 años; 15.7% de 15 a 19 años, y 8.1% 60 años y más. Por otro lado, se observa que del total de los trabajadores agrícolas 89.6% son hombres y 10.4% mujeres”.
En el documento se precisa que 83.3% de los jornaleros perciben hasta uno y máximo dos salarios mínimos, el 13.3% que representan 395 mil 213 jornaleros gana más de dos y hasta cinco salarios mínimos y solamente 0.6%, o sea 16 mil 871, tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos.
El mismo estudio de la Cámara de Diputados puntualiza que en materia de seguridad social en el primer trimestre de 2019 se reportaron 2 millones 973 mil 319 jornaleros que trabajaban en el sector primario, de los cuales sólo 274 mil 504 estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, 9.2%, lo que indica que 91.8% no lo estaba, por lo que se incumplía en ese momento con lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
Sobre este tema, la información oficial precisa que el costo mensual por asegurar a los jornaleros del campo ante el IMSS, en la modalidad tripartita, para el patrón sería de mil 61.3 pesos y el trabajador tendría que aportar 121.9 pesos, para el gobierno representaría una aportación aproximada de 670 pesos.
En este contexto, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organización integrada por 80% de los agroexportadores de México y que cuenta con 300 miembros entre organismos y empresas que en términos económicos significan 75% del producto interno bruto (PIB) alimentario y representa a 1.8 millones de productores agropecuarios, y es el mayor empleador de mano de obra en el campo mexicano (un número cercano al millón de trabajadores), explica: “En el Consejo estamos, justamente ahora, evaluando qué tenemos que hacer para cumplir con todos los cambios al artículo 35 (de la LFT) y también con todo el nuevo clausulado del Tratado de Libre Comercio (TMEC) en aspectos laborales, y vamos con unos nuevos objetivos al respecto para mejorar este importante tema de los jornaleros agrícolas de nuestro país.
“Aquí hay que asegurarnos que no haya trabajo infantil, que tengan oportunidades en el tema sindical y que no se dé el trabajo forzoso. Son toda una serie de certificaciones que estamos trabajando en el CNA para que, por lo menos en dos años, todas las empresas que exportamos tengamos una certificación de que estamos cumpliendo con todos los preceptos de la ley y todas las normas, y queremos que esto sea extensivo a los agroproductores que no exportan.
“Para ello se está trabajando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de establecer un Programa de Certificación para que se cumplan dichos preceptos, y ya pedí una cita con el presidente de la República para informarle y mostrarle lo que queremos hacer en este tipo de temas en el país”.
El plan del CNA “Por nuestros jornaleros agrícolas”, propondrá que participen en él las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Educación, Economía, de Gobernación, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Trabajo y Previsión Social y del Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario y la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores), a las que se sumarían el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema Nacional DIF, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y organizaciones sindicales de representación laboral.
En el campo, explica Juan Cortina, las operaciones tienen ciertas etapas donde se labora, y los trabajadores van de un lado a otro, dependiendo de donde están las cosechas. Por ejemplo, en Canadá 90% de los trabajadores agrícolas son mexicanos, en Estados Unidos el 50%, que van con sus visas en ciertas épocas a hacer las cosechas. En México, con las operaciones a cielo abierto, las cosechas se llevan entre tres y cuatro meses y los trabajadores van dependiendo de qué parte del país sean.
Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del CNA, abunda sobre la certificación y dice que es un acuerdo al que se está llegando, en el cual cada productor o empresa va a definir cuál es la certificación que más le conviene, pero siempre debe cumplir con los términos de seguridad y responsabilidad social y los acuerdos del TMEC en materia laboral. En un plazo de dos años todos los productores y empresas agrícolas deberán estar certificadas, comenta.
Y destaca que existen tres tipos de trabajadores en la agricultura: permanentes, eventuales y estacionales mejor conocidos como jornaleros, y estos últimos se contratan por un periodo menor a 27 semanas y pueden ser locales o venir de otros estados. Además son los más vulnerables por su estacionalidad en el empleo.
En ese orden de ideas, vale citar que a inicios del presente siglo los investigadores José Alberto García Salazar y José Miguel Omaña Silvestre, del posgrado en economía del Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática del Colegio de Posgraduados, establecieron que la característica del empleo rural es la diversificación de ocupaciones. Un jornalero puede desempeñar, aparte de sus actividades agrícolas, un gran número de tareas relacionadas con la ganadería y con la construcción de cercas, de caminos rurales, de viviendas y de canales de riego, y también puede emplearse en la instalación de agua entubada y de alcantarillado, la jardinería, la recolección de basura, el pavimentado de calles, por mencionar las de mayor frecuencia.
Explican la otra característica fundamental del trabajo rural que es su estacionalidad, la cual depende de la existencia de dos ciclos de producción marcados por la naturaleza y que rigen la agricultura, primavera-verano y otoño-invierno, y se determinan por la disposición de agua; uno por temporal (lluvias) y el otro por riego provisto por acuíferos superficiales o subterráneos. La estacionalidad determina que en algunos meses del año la demanda de mano de obra exceda a la oferta y que en otras la oferta de trabajo exceda a la demanda. Esta última situación origina que el trabajador agrícola se vea en la necesidad de emigrar temporalmente a otras regiones del país en busca de empleo.
Al respecto, Aldo Mares precisa que en las regiones agrícolas altamente productoras no hay suficiente mano de obra para cubrir las necesidades y “conforme vamos creciendo esas necesidades van aumentando, a lo que se suma la demanda de este tipo de trabajadores en Estados Unidos y Canadá, de tal manera que las tendencias indican que en los próximos años esa propensión también impulsará una mejora de los salarios de los jornaleros”.
Mientras tanto, para el CNA, comenta, el principal reto es la seguridad social y cambiar las conciencias de los patrones en cuanto al cumplimiento de la ley laboral, porque es completamente necesario y rentable en términos de justicia para los trabajadores.
Para lograrlo se deben atender cuatro temas fundamentales: primero, la parte legal de los enganchadores o reclutadores, que incumplen con la ley, por lo que es necesario promover que se regule para que ya no existan aquellos que hacen trampa en sus operaciones en detrimento de los trabajadores.
Segundo, regularizar el proceso de documentos de altas y registros desde actas de nacimiento, porque existen familias enteras de jornaleros que no cuentan con ellos y eso los mantiene en la informalidad, y el objetivo es llegar hasta la credencialización del IMSS para que puedan tener Infonavit y prestaciones.
Tercero, contar con clínicas del IMSS funcionando tanto en el lugar de origen como en el de destino, así como escuelas y guarderías. Y cuarto, contar con programas de cómo crear residencia para los trabajadores agrícolas que van de otros estados a los campos agrícolas y se mueven con su familia, para ofrecerles viviendas que puedan comprar a través de Infonavit.
El reto no sólo es para los empresarios del campo, también lo es para el Estado mexicano. Pese a la creación de programas oficiales de atención a los jornaleros agrícolas desde la década de los años setenta, las políticas públicas al respecto han fracasado, así lo muestran las propias estadísticas oficiales sobre la realidad de este sector laboral.
[pdf id=2124]
