Este día se presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas leyes para regular la subcontratación México, esquema a través del cual se benefician más de 4 millones y medio de mexicanos con empleo formal.
Desde el Centro de Estudios de Empleo Formal (CEEF) se pide a los diputados que actúen de manera cuidadosa y meticulosa en la revisión de esta iniciativa. La subcontratación es un modelo, de práctica global, que implementado bajo el marco de la ley representa fuentes de empleo formales, por tanto, su revisión requiere priorizar un equilibrio entre fomentar trabajo y evitar las prácticas de simulación.
El CEEF hace un llamado a que los diputados analicen el impacto que puede generar la desaparición o sobre regulación en este esquema, como eliminar el apoyo para muchas empresas que carecen de la capacidad y el expertise para administrar el pago de su nómina, entre otras prestaciones, lo que ayuda a controlar gastos y mantener su productividad laboral. A su vez, puede representar el aumento en la carga tributaria para muchas organizaciones, lo que alentaría la informalidad y el trabajo precario.
La propuesta del Centro de Estudios de Empleo Formal, especializado en el análisis y difusión de información para impulsar el trabajo digno, es que se realice un ejercicio de parlamento abierto, a fin de que todas las voces sean escuchadas, y una de esas voces es insistir en que el foco más importante en este tema son las inspecciones y las auditorías de seguridad.
La iniciativa propuesta por el presidente de la República comprende diversos aspectos, entre estos, la prohibición de la subcontratación en varias modalidades de la tercerización, como la contratación pura de personal y el insourcing (cuando en un grupo corporativo están solo los trabajadores en una sociedad). A su vez, se propone utilizar este esquema solo para bienes o servicios especializados, que no sean parte del objeto social o actividad comercial del patrón.
Para el Centro de Estudios un elemento a considerar es el “golpe” que este decreto pudiera generar a la competitividad del país, considerando que no es momento para desmantelar las fuentes de empleo, en particular con el impacto producido por la pandemia. Es tiempo, por el contrario, de crecer en competitividad y productividad, factores que son promovidos por la subcontratación legal.
