Por Juan Danell
Todo comenzó con el TMEC. El sistema jurídico-laboral mexicano vive una intensa transformación obligada por el Tratado comercial firmado por México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el cual sustituye al acuerdo de 1994 (TLCAN) signado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Una parte fundamental para la implementación del nuevo acuerdo fue la Reforma Laboral, puesta en marcha el 1 de mayo de 2019 y que deberá quedar totalmente implementada en mayo de 2022, con un presupuesto federal estimado en mil 400 millones de pesos y un fondo de apoyo por parte de la administración de Donald Trump por 180 millones de dólares.
La importancia de la Reforma Laboral para la firma del TMEC quedó explícita en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, en el que los diputados afirmaron que “representa un elemento clave en la política económica del país y fue (al momento de emitirlo) un tema fundamental en las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de América”.
De acuerdo con el decreto que ordena la Reforma Laboral, se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
Para cumplir con las metas de la nueva legislación, se definieron nueve áreas de acción en las que se consideraron los grandes temas a desarrollar para comenzar las funciones del nuevo sistema de justicia laboral:
Normatividad y armonización legislativa, creación e instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas, transferencia y digitalización de expedientes, creación y entrada en funciones de los tribunales laborales, conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución, profesionalización en materia de justicia laboral, procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, perspectiva de género.
Comienzan las tres etapas
Las dos primeras deben quedar listas el 1 octubre de 2021 y la tercera en mayo de 2022.
Para la implementación de la reforma se establecieron tres etapas, con las cuales se dividieron los estados de la República en tres bloques, para que se lleven a cabo las adecuaciones en infraestructura y en materia jurídica y legal, así como en recursos humanos capacitados en las entidades, y entre en vigor progresivamente en un plazo máximo de tres años.
Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalla que la primera etapa inicia el 15 de noviembre del presente año y comprende: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
La segunda etapa, fijada para el 1 de octubre de 2021, incluye a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
Y en la tercera etapa, establecida para el 1 de mayo de 2022, están considerados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
En opinión de…
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador del despacho De la Vega y Martínez Rojas, dijo que en la primera etapa el Estado de México es el que sobresale y debiera ser el ejemplo a seguir: “Lo ha hecho muy bien, ya tiene propiamente todo implementado, es una entidad muy grande que tiene una gran cantidad de juicios, empresas y sindicatos. Ya cuenta con los lugares y los jueces. Es un muy buen termómetro. Campeche es otro estado que lo está haciendo bien”.
Comenta que “todos tenemos que poner de nuestra parte y apoyar para que este nuevo sistema jurídico-laboral surta buenos efectos, eliminemos la extorsión y haya claridad para los trabajadores y los patrones. Hay entusiasmo y presupuesto en los estados de la República que van a arrancar ya con el sistema y con los nuevos jueces, así como con los Centros de Conciliación y Registro Laboral, y también va a empezar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya estamos arrancando, hay que esperar los resultados”.
En el nuevo orden jurídico-laboral se estableció la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje locales (58 en todo el país) y la federal, que serán reemplazadas por los centros de conciliación locales (32, uno por entidad federativa) y el federal, con lo cual se persigue transparentar la aplicación de la justicia laboral y hacerla más expedita.
De acuerdo con un análisis del Banco de México, el nuevo orden jurídico-laboral brinda una mayor libertad sindical, pues reconoce “principios laborales internacionales, como el derecho de pertenecer o no a un sindicato, otorga el derecho a los trabajadores de organizarse en diferentes tipos de sindicatos: gremiales, por empresa, de oficios varios, nacionales y por industria, entre los cambios más importantes”.
Asimismo, se precisa en el documento, prohíbe todo tipo de interferencia patronal que atente contra el derecho de los trabajadores a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva, y fortalece mecanismos de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
Para Carlos de Buen, abogado litigante, un tema clave de la reforma es la libertad sindical, transparencia de los sindicatos y el registro de los contratos colectivos. El otro aspecto fundamental es la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el nacimiento de los juzgados laborales en los poderes judiciales tanto en la federación como en los estados.
“En ese segundo punto –explica– se ha venido retrasando la entrada en vigor de los nuevos juzgados, a la fecha (octubre de 2020) todavía no hay ninguno operando; pero en noviembre entra en vigor en ocho estados. En la transición, las juntas seguirán existiendo para resolver los juicios que están en ellas. Los procedimientos orales que se establecieron para desahogar los casos serán mucho mejores que los actuales y que desaparezcan las juntas es una gran noticia. Es una reforma sumamente necesaria”.
[pdf id=1821]
