Las juntas de conciliación y arbitraje, ¿preparadas para volver?


Por Jorge Sales*

Hace unos días escuché sobre la suspensión general de actividades, ocurrida hace poco más de cien días. Lo siguiente: “Bajamos por el elevador, pero subiremos por las escaleras”. Creo que la frase tiene un sentido literal, pero también alude a lo arduo, lento y astringente que será la reactivación.

Hasta aquí nada que no hayamos leído o reflexionado, pero deseo hacer visible un aspecto quizá de los más retadores para el periodo que enfrentaremos en breve: el de la impartición de la justicia laboral, quizá la más “cotidiana” de las justicias, y por ello una de las más sensibles social y económicamente hablando, ante las cifras polémicas y a veces opacas de desocupación, afiliaciones a la seguridad social e informalidad.

Es un hecho que el empleo ha sufrido y continuará sufriendo fuertes estragos pandémicos y pospandémicos que derivarán en un congestionamiento de los ya maltrechos y moribundos tribunales laborales, hoy todavía denominados Juntas de Conciliación y Arbitraje en transición a un nuevo modelo en virtud de la reciente Reforma Laboral. Para poder dimensionar el tamaño de la empresa que viene, conviene tener en cuenta algunas estimaciones preliminares: las Juntas de Conciliación una vez que abran (será entre julio y agosto) recibirán, nada más al abrir, un equivalente a las demandas de todo un año; otro dato escalofriante respecto de la capacidad de espacios físicos es el de la Ciudad de México, donde el Tribunal laboral recibe 5 mil personas al día entre servidores y usuarios. Aquí algunos de los retos y oportunidades para la reapertura:

  1. Niveles de eficiencia, cargas de trabajo e infraestructura heterogéneos en todo el país. La impartición de justicia laboral se desarrolla, por mandato constitucional, en dos niveles: federal y estatal. Esta distribución jurídica y la realidad de la economía tan asimétrica del país donde pareciera que vamos a “tres velocidades” económicas y de inversión diferentes, hace difícil generalizar si las Juntas están todas preparadas o en condiciones de afrontar el tsunami de demandas y litigios que se avecinan. En otras palabras, las juntas están listas para abrir, lo que no está claro es en qué condiciones.
  2. Desarrollo incipiente de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) en la justicia laboral. El fenómeno sanitario “pescó” a todos los sectores en distintos niveles de desarrollo tecnológico, los tribunales laborales no han sido la excepción; recordemos que veníamos de recortes presupuestales y las Juntas de Conciliación y Arbitraje con dependencia económica y jurídica del Poder Ejecutivo estatal o federal, no han recibido recursos relevantes para inversión en los últimos 10 años por lo menos, ello limitó la capacidad en estos cien días para poder operar o gestionar recepción de demandas, solución de disputas on line o asuntos de trámite en forma digital. Incluso la posibilidad de teletrabajar en el sector burocrático laboral fue puesta a prueba; no obstante, los servidores públicos en general han hecho esfuerzos descomunales.
  3. Gran capacidad de resiliencia. La capacidad de adaptación de los impartidores de justicia en materia laboral ante estas adversidades ha sido ejemplar, se han hecho esfuerzos ingentes con lo que hay, la creatividad de los funcionarios y la disponibilidad incluso para distraer recursos propios habla de la vocación de servicio público en tiempos complejos, lamentablemente no alcanza con ello y debe hacerse un esfuerzo compartido.
  4. Responsabilidad compartida. La impartición de la justicia laboral debe ciudadanizarse durante este periodo, la autoridad laboral puede colapsarse si se le deja sola en la reactivación, los usuarios de dicho sistema, empleados (o ex empleados), empleadores, autoridades y sindicatos, requerimos de un nuevo contrato social de concordia y civilidad que pueda ayudar en esta etapa; abandonar las chicanas y los recursos dilatorios, autogestionar los emplazamientos y notificaciones haciéndolas vía electrónica o presencialmente en el propio tribunal, privilegiar la conciliación en línea y aprovechar los remedos o parches tecnológicos que la realidad nos obligó a usar e implementar, son apenas algunas ideas donde todos debemos colaborar ante un escenario que anticipaba hace años Margaret Thatcher: “La democracia absoluta es la falta de liderazgo”.

*Socio fundador del Bufete Sales Boyoli
@salesboyoli