Por Raúl Maillard, socio director del despacho Maillard, y presidente de la comisión Laboral de Canacintra
Sin duda alguna, las cosas cambiaron a partir de la llegada de este virus, cuando la gente planeó el puente del 16 de marzo de 2020 (tercer lunes de marzo, conmemorando el 21 de marzo), nadie esperó que la sociedad civil actuara mucho antes que el gobierno, las escuelas cancelaron clases y la mayoría de los patrones tomaron acciones, algunos en forma drástica cerraron sus comercios, cuidando así la salud de sus empleados y de la sociedad, otros fueron mucho más cautelosos, optaron por trabajo a domicilio y reducción de jornada a efecto de evitar que todo el personal acuda a las oficinas o áreas de trabajo.
Mientras la sociedad actuaba de esa manera, el gobierno en la Ciudad de México decidió continuar con el Festival Vive Latino, que es el concierto de mayor afluencia en nuestro país, y el concierto de la banda sueca Ghost que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. A este último asistió el primer mexicano que falleció a causa de la pandemia, según informes dados por diversos medios, y por su parte el gobierno federal aceptaba la llegada de cruceros y todos los vuelos de Europa, sin ninguna medida sanitaria; invitando a la población a darse besos y abrazos, y a salir a los restaurantes y lugares públicos, inclusive nuestra máxima autoridad en el país tenía unos amuletos, a decir de él, para detener el coronavirus; llama la atención la declaración que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien les dijo a sus gobernados que no se preocuparan, que el Covid-19 sólo les da a los ricos, como si el hecho de ser pobre te diera inmunidad.
La irresponsabilidad de las autoridades no frenó a los empresarios, quienes a pesar de las recomendaciones fueron muy cautelosos y tomaron las medidas que se requerían para tratar de frenar la pandemia, pero a pesar de las decisiones de éstos y del sacrificio económico que realizaban, las plazas populares, los mercados como la Central de Abasto y La Viga seguían llenando de gente sus pasillos como si nada sucediera.
Todos los empresarios esperaban del gobierno federal el anuncio de contingencia sanitaria, así como lo ordena la Ley Federal del Trabajo en su artículo 42-Bis y demás relativos y aplicables, la cual se dio en lo tácito pero no en lo explícito; la consecuencia de esto era que con dicha declaratoria por parte de la autoridad, muchos de los empleadores ya no se encontraban laborando ni generando ingresos, e independientemente del salario que percibiera cada trabajador, suspendían sus labores otorgando una indemnización a razón de salario mínimo por 30 días y, posteriormente a ello, los trabajadores ya no eran responsabilidad de la sociedad civil sino del Estado, como así ha sucedido en la mayoría de países, citando como ejemplo a Dinamarca, donde el gobierno asumió el 70% del salario de los trabajadores; Estados Unidos de América a través del seguro de desempleo, e incluso y para muestra y como un gran ejemplo, la República de El Salvador, que otorgó estímulos fiscales.
Sin embargo, el gobierno mexicano utilizó todas las herramientas posibles para darle la vuelta y eludir su responsabilidad al no declarar la contingencia sanitaria y decretó el 30 de marzo de 2020, a través del Consejo de Seguridad General, la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, obligando a los patrones a continuar pagándoles a los trabajadores sus salarios y prestaciones íntegras. Cabe señalar que ante dicha declaratoria de emergencia sanitaria, los patrones sí pueden suspender labores mediante un procedimiento que debe llevarse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debiendo cubrir como indemnización a sus trabajadores con motivo de la suspensión de labores hasta un mes de su salario, pasado ese mes ya el trabajador no es responsabilidad del patrón.
Ante la declaratoria citada, fueron muy pocos estados los que asumieron el control y abrieron sus Juntas de Conciliación para llevar a cabo esos acuerdos o la aprobación de un convenio. Se agradece por parte del sector patronal al gobierno de Coahuila y Estado de México, entre otros, quienes fueron los primeros en tomar acciones al respecto, pues en otros estados la idea era cerrarle las opciones al patrón para que durante el tiempo de la emergencia cubriera el pago íntegro a sus trabajadores.
Ante tal situación, los empresarios, que en su mayoría son micro, pequeños y medianos y no son fifís, sino gente que trabaja y se la rifa por México con su trabajo y esfuerzo, arriesgando su capital y generando fuentes de empleo, pagando impuestos, se vieron en la necesidad de llegar a ciertos acuerdos con su sindicato, con sus trabajadores, o con una comisión formada por los trabajadores ante esta emergencia sanitaria, otros se vieron forzados a concluir las relaciones de trabajo junto con el cierre definitivo de su empresa.
En todo el mundo los gobiernos no dejaron solos a los empresarios, se dieron estímulos, prórrogas, etcétera, para que las fuentes de empleo subsistan y con ellas sus trabajadores. Ante ello, los empresarios, a través de las diversas cámaras, solicitaron diversas medidas para la estabilidad económica y protección de las familias. Destacó la que realizó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra): 1. Subsidio del 100% de las contribuciones al seguro social y vivienda. 2. Compensar impuestos durante el ejercicio 2020. 3. Aplazar declaraciones fiscales. 4. Resolver devoluciones del IVA antes del 31 de marzo. 5. Deducción de inversiones en capital de trabajo. 6. Financiamiento directo de la banca de desarrollo a las mipymes. 7. Asegurar cadenas productivas con contenido nacional. 8. Crédito de 90 días en el pago de electricidad. 9. Suspensión de inspecciones y auditoría y 10. Pago de contado a compras de gobierno.
El gobierno nuevamente se muestra insensible ante la necesidad de las empresas, empresarios, trabajadores, sindicatos y prestadores de servicios que vivimos de lo que las empresas generan y producen; no obstante, nuevamente la sociedad civil se organiza para ver de qué forma se mueren las menos empresas y con ello se matan en la medida de lo posible las menores relaciones de trabajo.
Esperemos que en algún momento el gobierno se dé cuenta del daño que hace al no ayudar a la industria y fuentes de trabajo, pues no atiende las recomendaciones que diversos organismos pronostican en cuanto a la caída del producto interno bruto y, como consecuencia, la caída del empleo, y esperemos que tome las acciones necesarias, ya que pudimos ver que actuó demasiado tarde para atender esta emergencia.
