Por Jonathan Monter Sonck
El 24 de abril de este año entró en vigor la reforma sobre el outsourcing con el objetivo de eliminar prácticas que dañan los derechos laborales, evitar la evasión de obligaciones patronales y la defraudación fiscal.
A partir del 1 de mayo de 2021 las empresas que tuvieran este tipo de contratos deberían realizar los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones, de tal manera que sólo tendrían tres meses –hasta el 1 de agosto del presente– para incorporar a los trabajadores en calidad de subcontratados, como empleados permanentes. Claro, exceptuando aquellos servicios o ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
De este modo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde la entrada en vigor de esta reforma 2 millones 300 mil trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios; mientras que de 70 mil empresas que han solicitado su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, sólo 25 mil 500 han concluido el trámite.
Y es que las modificaciones aprobadas contemplan reformas a la Ley Federal del Trabajo para imponer multas hasta de casi 4.5 millones de pesos (50,000 UMA) para quien realice o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. En caso de que un patrón no permita la inspección y vigilancia de las autoridades, será acreedor de una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos. Asimismo, se establecerán cambios al Código Fiscal de la Federación para considerar la subcontratación como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.
Ante este panorama, el periodo para realizar los ajustes ha resultado muy corto, pues al primero de agosto aún quedaban empresas sin poder hacer los cambios necesarios, además de que sus facturas iban a dejar de ser deducibles a partir del primero de agosto, lo que para cualquier empresa es definitivamente un problema. Es por ello que se pensó en amparos en una primera instancia, tomando en cuenta, además, que para las empresas del sector público –quienes abarcan sólo un cuarto del total del personal subcontratado– el tiempo otorgado para poder realizar las modificaciones ante esta reforma, fue de un año.
Sin embargo, el 31 de julio se publicó un decreto en el Diario Oficial en donde se otorga un mes más para que se concluya con esta transición, lo cual, a ojos de la panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda, resulta insuficiente, por lo que seguramente se abrirá un nuevo debate a finales de este mes para lograr que las empresas se regularicen en tiempo y forma.
Y puesto que, efectivamente, un mes más será insuficiente ante estas circunstancias, si no se logra ampliar el plazo, las empresas deberán recurrir a los amparos, los cuales ya deben estar preparando para llegar al 1 de septiembre con ellos listos.
–¿Realmente es muy complicado para las empresas ajustarse al nuevo marco legal?
–Sin duda no se trata de una situación imposible. Resulta más complicado para las empresas de mayor tamaño, administrativamente hablando; sin embargo, con voluntad se puede hacer. El problema radica en que una gran parte de las pymes ignora este cambio de reglas, lo que significaría un importante obstáculo para las cadenas productivas. Además, en caso de estar al tanto, formalizar las plantillas es un costo que este tipo de empresas seguramente no podrán absorber, lo que implicará reducir sus utilidades, trasladar precios a los consumidores o reducir su planta laboral.
Según un estudio de la consultoría Lockton México, un 78% de las compañías con personal subcontratado llevará a cabo una sustitución patronal. De ese porcentaje, el 37% implementará un modelo de insourcing para asimilar a las empresas que brindan sus servicios como operadoras, mientras que otro 21% analiza la posibilidad de reubicar al personal a otra razón social de acuerdo con su actividad, 5% realizará fusiones entre razones sociales y 13% contratará directamente al personal que trabaja bajo el esquema de outsourcing.
En lo que se refiere a la reestructura fiscal, las empresas deberán realizar un análisis de sus costos, y, en ese sentido, 34% de las empresas contemplan una armonización del esquema de remuneración, incluyendo las compensaciones más los beneficios totales que reciben sus empleados, pero podrían quedar fuera algunas prestaciones más allá de las que otorga la ley. Por otro lado, un 23% analiza implementar un sistema de contrataciones bajo un esquema de compensación variable, es decir, con base en comisiones y productividad, lo que podría impactar el nivel de ingresos de los trabajadores.
–¿Y para los empleados realmente es un beneficio esta reforma?
–De acuerdo con el Inegi, hay 4.6 millones de trabajadores subcontratados. Se estima que, bajo este nuevo marco legal, un 10% será despedido debido a la finalización de su contrato, a otro 30% lo contratarán de forma directa, y al 60% restante se le contratará bajo alguna modalidad como honorarios, asimilados a salarios, etcétera, figuras que no fueron modificadas y, por tanto, son legales.
Se puede concluir que si esta reforma tenía la intención de beneficiar al trabajador al otorgarle más prestaciones y de alguna manera hacer más estable su fuente de ingresos, desafortunadamente parece que no se logrará el objetivo, pues siempre hay recovecos a los cuales se puede acceder para que las empresas salgan con mayores ventajas.
En un contexto macroeconómico, esta reforma también tiene un impacto en la mayor ventaja competitiva de nuestro país, que es su mano de obra. Al estar insertos en una economía global, es de esperarse que esta reforma impacte a la inversión extranjera, ya que la industria manufacturera y el comercio al por menor son los que presentan el mayor número de personal contratado en la modalidad de outsourcing con poco más de un millón de personas.
Como todo cambio, es un enorme reto llevarlo a cabo de manera que todos los implicados resulten beneficiados, y aunque para muchos expertos el mayor reto a superar era precisamente el tiempo que se otorgó para su implementación, dadas las condiciones mundiales actuales es imperante que se analice a profundidad el impacto tanto positivo como negativo que está teniendo esta reforma, dado que es un engrane fundamental de la economía de nuestro país en cuanto a generación y calidad de empleo se refiere.
Así que esta prórroga y la que seguramente se dará en septiembre, debería aprovecharse para evaluar el impacto y las posibles modificaciones que se le pudieran hacer, de tal manera que realmente coadyuve en la rápida adaptación que requiere México ante el escenario actual.
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