Por Jonathan Monter Sonck
A dos años de haber entrado en vigor la Reforma Laboral en nuestro país, continúa siendo un reto su implementación en lo cotidiano, sobre todo en lo que respecta a la celebración, revisión y registro de los contratos colectivos de trabajo.
Esta reforma hace hincapié en la libertad de los trabajadores para pertenecer a un sindicato, pues anteriormente, en muchas ocasiones los empleados desconocían que estaban sindicalizados, simplemente firmaban el contrato establecido entre el patrón y el sindicato, lo que se conoce como contratos de protección, los cuales, se estima, equivalen a más de tres cuartas partes de los contratos colectivos del país.
Dichos contratos, por supuesto, no representan a la mayoría de los trabajadores, sin embargo, sus directivas son las que rigen los contratos colectivos de trabajo, a espaldas de la base trabajadora.
Por eso la reforma en esta materia es todo un reto, sin contar con que sólo se tienen cuatro años para que los sindicatos legitimen su contrato colectivo a partir de 2019. Pero la presión no es sólo interna, ya que en el marco del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (TMEC), nuestro país está obligado a transparentar este proceso de legitimación, por lo que, de no cumplirse en tiempo y forma, podría derivar en complicaciones en las relaciones comerciales de México con sus vecinos del norte.
Hasta el momento, las principales ramas de las empresas en donde las organizaciones sindicales realizarán sus votaciones son: comercio, alimenticia, celulosa y papel, maquiladora, fabricante, cementera y calera, química y farmacéutica, textil, turismo, producción de alimentos empacados y servicios de consultoría en administración.
Desde que se publicó la Reforma Laboral en mayo de 2019, se han legitimado apenas 593 contratos colectivos de trabajo a nivel federal, y se han desarrollado más de mil 300 consultas laborales en beneficio de 190 mil 655 trabajadores. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha identificado 580 mil contratos, de los cuales el 80% se ha mantenido inactivo en los últimos años, y otros son de protección, por lo que se estima que sólo el 15% de éstos pasará la prueba de legitimación a la que obliga la Ley Federal del Trabajo.
Nueva figura laboral
Como parte de los cambios previstos en la reforma, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene entre sus funciones emitir la Constancia de Representatividad que deberá ser expedida, previa consulta a los trabajadores a través de su voto personal, libre y secreto, y la cual pone como condición el respaldo de al menos el 30% de los empleados que estén cubiertos por el contrato colectivo; otra de sus funciones es, precisamente, registrar los contratos colectivos de acuerdo con los principios de transparencia y democracia establecidos en la reforma.
Esta nueva institución va a cambiar no sólo cómo se desarrolla el derecho colectivo en el trabajo, sino el derecho individual, ya que, ante un problema laboral, es voluntad de las partes arreglarse, evitando la larga duración de los juicios. De esta manera, este nuevo organismo será uno de los pilares de la Reforma Laboral.
Nos encontramos ante un tema de carácter estructural, ya que si bien es cierto que una de las ventajas competitivas más relevantes de nuestro país ha sido, históricamente, el bajo costo de su mano de obra, eso ha traído consecuencias negativas en la calidad de vida de los trabajadores a nivel micro y macroeconómico, lo cual ha sido parte importante del lento desarrollo económico de México, restándole puntos en materia de productividad y competitividad; basta observar estas cifras para determinar el perfil de nuestro país respecto a sus socios comerciales en materia de competitividad: mientras México tiene un 54.4%, Canadá tiene un 77% y Estados Unidos un 81.9 por ciento.
El FMI, atento al tema laboral
Es tan importante el mercado laboral mexicano, que el Fondo Monetario Internacional lo considera como el segundo gran problema de México después de la inseguridad. Es por ello que estamos ante una reforma que, de llevarse a cabo en la práctica, podría, además de elevar la productividad y la competitividad del país, significar un cambio muy importante para la clase trabajadora.
Sin embargo, de acuerdo con Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, la implementación de la reforma resulta ambiciosa, en tanto la estructura sindical en México es una de las que han generado usos y costumbres difíciles de erradicar, usos y costumbres que han pasado de generación en generación, de tal suerte que la mayoría de los líderes sindicales se estarían enfrentando a una reglamentación procesal para la legitimación de los contratos, cuando no están acostumbrados a seguir estos procedimientos.
El especialista apunta que esta reforma podría alterar la paz laboral, ya que al cambiar las reglas del juego, si bien son mejores, deben darse a conocer de manera clara y precisa para evitar malos entendidos entre los actores, por lo que se requieren procedimientos más fáciles y amistosos para que la transición sea más llevadera y con mejores resultados. Recordemos que los emplazamientos a huelga en años anteriores se han debido al desconocimiento de las condiciones del contrato colectivo, lo cual es justamente lo que intenta erradicar esta reforma.
La reforma tiene muchos aspectos positivos que, de ser llevada a la práctica, sin duda mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, al concederles la información y el derecho a voto de las condiciones bajo las cuales se están contratando. Además de marcar una clara división entre la empresa y el sindicato, dando un nuevo aire a la razón original de la existencia de los sindicatos en nuestro país.
Sin embargo, uno de los mayores retos es que el contenido de esta reforma permee a la clase trabajadora para que sea consciente del gran papel que tiene en ella, pues se le está brindando la posibilidad de participar con libertad, de manera personal y directa, de poder elegir y participar en el proceso tanto de la conformación de su sindicato, como de las condiciones de su contrato colectivo.
Sin duda, se requiere la voluntad de todos los actores: gobierno, empresas, sindicatos y trabajadores para que esta reforma sea exitosa y tenga los efectos esperados en el corto y largo plazos en la economía mexicana, especialmente en la productividad.
Y aunque la intervención de los Estados Unidos en esta reforma ha sido muy criticada en el sentido de que se dice que estamos bajo la mira de nuestro vecino del norte, y esto, hasta cierto punto, viola nuestra soberanía, la verdad es que es una de las reformas con más apoyo de los expertos y estudiosos del tema.
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