La anticonstitucionalidad de algunas de las modificaciones legales detonará en cientos de amparos. El primero ya inició: la empresa de cosméticos Mary Kay obtuvo un fallo a favor de la suspensión provisional de la ley
Por Romina Román
La reforma laboral que entró en vigor en abril pasado tiene en jaque a miles de empresas. A dos meses de que concluya el plazo para el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse) priva el caos y la confusión entre los negocios mexicanos.
Pero eso no es todo. La anticonstitucionalidad de algunas de las modificaciones legales detonará en cientos de amparos. El primero ya comenzó: la empresa de cosméticos Mary Kay obtuvo un fallo a favor de la suspensión provisional de la ley.
Expertos en derecho laboral aseguraron que hasta la primera mitad de junio se presentaron cerca de 140 amparos de grandes compañías, muchas de ellas transnacionales como Pepsi, Comercial Mexicana y Siemens; se espera que en las siguientes semanas la cifra se duplique.
Por su parte, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) estimó que 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas ignoran en qué consisten los cambios que se aprobaron, es decir, no saben qué procedimientos deben seguir con la autoridad clientes y proveedores. A este desconocimiento se suman decenas de jueces especializados en materia laboral, quienes al recibir un amparo lo remiten a un juzgado administrativo.
Rafael Avante, consultor y ex subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y Diego Cuevas, socio fiscal del despacho GLZ Abogados, coincidieron en que las empresas empezaron un reordenamiento de sus procesos corporativos, lo que incluye temas fiscales y legales.
Cuevas afirmó que hay preocupación respecto al cumplimiento de la ley, “se quiere hacer creer que beneficiará a los trabajadores, pero tiene más implicaciones tributarias que laborales”.
Si no se cumplen los requisitos fiscales, los pagos que hagan las empresas podrían no ser deducibles de ISR ni tampoco acreditables para efectos de IVA, esto derivará en que los cambios tengan consecuencias graves para las compañías y las sanciones del SAT serán más altas que las laborales.
Rafael Avante explicó que ante la confusión es probable que el registro se prolongue más tiempo del previsto. Incluso por el momento no hay cifras claras respecto al número de negocios que deben inscribirse.
“Las compañías tienen que reordenar y organizar aspectos fiscales y legales, de no hacerlo corren el riesgo de que las consideren como factureras y se les castigue con prisión preventiva e incautación de bienes, esto es equiparable al crimen organizado”, dijo.
En este momento, afirmó, hay cientos de pymes que consideran que deben darse de alta en el Repse aun sin ser subcontratistas, mientras que aquellas que sí lo son tendrán que modificar su objeto social, llevar a cabo reestructuras corporativas, cambios fiscales “y al final de todo el proceso, no se ven beneficios reales para los trabajadores”.
El 24 de abril entró en vigor la reforma laboral que toca siete ordenamientos: Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Código Fiscal de la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado, y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.
El principal objetivo de las modificaciones legales es regular la tercerización o el llamado outsourcing. Si bien las reformas prohíben la posibilidad de que las empresas contraten personal, sí permiten la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
La STPS detalló que luego de que se llevaron a cabo 8 mil inspecciones para evaluar el fenómeno de la subcontratación, se concluyó que hay cerca de 4 millones de trabajadores que podrían laborar bajo este esquema en un mercado formal de 21 millones.
Avanzan amparos
Cuevas y Avante consideraron que algunos de los cambios que se aprobaron son anticonstitucionales: el más importante es que se viola la libertad de las empresas para hacer contrataciones. Además infringe la retroactividad de las normas, otorga facultades reglamentarias a una dependencia federal, lo que quebranta el estado de derecho y la seguridad jurídica.
¿Hasta dónde el Gobierno Federal tiene la facultad y la atribución de meterse con ese detalle en la libertad contractual de las partes, de aplicar de forma retroactiva disposiciones y de delegar en autoridades administrativas disposiciones que competen a patrones y trabajadores?, cuestionó Avante.
Y anticipó que hay elevadas probabilidades de que muchos de los amparos se ganen y la ley entre nuevamente a proceso legislativo, a fin de que se ajusten los aspectos de anticonstitucionalidad.
Diego Cuevas opinó, sin embargo, que si los amparos se atienden en el ámbito fiscal se reducen las posibilidades de que prosperen, ya que dentro de la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay dos ex jefes del SAT y un procurador fiscal, “lo que inclina la balanza hacia el Estado”.
Como parte de las reformas, la STPS advirtió que podrá cancelar el registro de aquellas empresas que tengan adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, el IMSS e Infonavit; a las que no acaten lo que establece la LFT en materia de subcontratación y a las que se nieguen a atender cualquier requerimiento de información o documentación que solicite la dependencia, principalmente.
Incluso, a los negocios que impidan la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo se les podrá sancionar hasta con 448,100 pesos.
La dependencia del Gobierno Federal estimó que en México cerca de seis de cada 10 trabajadores no cuentan con seguridad social, aguinaldo, prima vacacional ni ninguna otra prestación mínima de ley.
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