Por Juan Danell Sánchez
Hoy más que nunca existe una historia en México que muchos quisieran omitir y enterrar en lo más profundo del olvido: se trata del desaseo y la corrupción sindical. Sepultar ese pasado es lo que exigen los tiempos de la sociedad moderna, que ahora lucha por emerger de una de las más grandes crisis de salud pública, traducida en económica y social, por la que atraviesa la humanidad; pero esa historia insoluta en nuestro país atrofia la buenaventura trazada por el Estado para evolucionar las relaciones obrero-patronales y llevarlas a mejor puerto con una Reforma Laboral que apuntaló la firma del TMEC de México con Estados Unidos y Canadá.
Kofi Annan, en su calidad de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (2003), definió la corrupción como “un flagelo insidioso que empobrece a muchos países y nos afecta a todos (…) mina los resultados económicos, debilita las instituciones democráticas y el estado de derecho, perturba el orden social y destruye la confianza pública, permitiendo de esta forma que prosperen la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana”.
Se entiende la corrupción como un problema mayor enraizado en las fibras más sensibles del tejido sociopolítico y económico de la civilización, que destruye lo que toca y por eso mismo resulta devastadora esa práctica en las relaciones entre empleadores y trabajadores, y más aún en el interior de las organizaciones sindicales, que en teoría son baluartes de los derechos laborales.
La importancia del tema para el Congreso de los Estados Unidos se refleja en el TMEC, en la autorización de un financiamiento de 210 millones de dólares y la adscripción de cinco inspectores americanos en su Embajada en México para apuntalar los avances de la Reforma Laboral y fortalecer los derechos de los trabajadores, por lo que a ojos vistas resultaría una imprudencia que el gobierno, sindicatos y empresas mexicanos soslayaran ese interés tan específico de sus socios del norte.
Para Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Littler, el sindicalismo de nuestro país es un talón de Aquiles multifactorial para México en el TMEC. Y la razón de ello es porque “los sindicatos hoy están tan desprestigiados y desacreditados que nadie cree en ellos como reivindicadores de los derechos laborales de los trabajadores, y en ello la corrupción es un factor fundamental, pero no es el único”.
Sales Boyoli resume esa situación en la historia sindical de México, en la que las organizaciones gremiales se ganaron a pulso la mala fama por las prácticas oscuras y alejadas de la justicia laboral. Dice, “esto no es privativo de nuestro país, se ve en todo el mundo; pero México posiblemente lleve la medalla de oro a escala global frente a sus socios comerciales del TMEC”.
Otro factor que alimenta ese talón de Aquiles es lo que Jorge Sales define como hemorragia sindical y que se traduce en la caída de la filiación de los trabajadores en los sindicatos durante los últimos 15 años, por las razones anteriormente expuestas, de tal manera que en México sólo 4.5 millones de empleados están sindicalizados de una población de 52 millones 973 mil 270 personas que cuentan con trabajo. La población económicamente activa (PEA) es de 55 millones 385 mil 133 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El empleo informal, el que no cuenta con prestación laboral alguna como lo marca la ley, oscila en 60% de este universo numeral.
Tal situación, explica Sales Boyoli, ha llevado a los liderazgos de las organizaciones gremiales a buscar nuevas fuentes de provisión y respaldo económico y político para mantenerse en el poder dentro de su sector, pero eso las ha llevado a una mayor opacidad en su desempeño e institucionalidad para rendir cuentas y transparentar sus gestiones, operaciones y funciones como representantes y defensoras de los derechos de la masa laboral.
Sobre este tema, en junio del presente año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señaló que “por su reiterado desacato a la ley, son el sector con la peor calificación, incluso por debajo de los partidos políticos”.
Las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social arrojan que en México están registradas ante esta instancia de gobierno tres mil 347 agrupaciones de trabajadores en el ámbito federal, de las que 47 son confederaciones o centrales obreras; 532 federaciones y 2 mil 768 organizaciones sindicales, que concentran a más de un millón 904 mil trabajadores, es decir, 2.5 millones de trabajadores sindicalizados menos de los que registra el Inegi.
Esas variantes numéricas sólo nutren la desconfianza que tiene la sociedad hacia el sector sindical como entidades honestas y transparentes. Y a esto se suman los reclamos que día a día se ven en manifestaciones públicas que transitan por las calles de las ciudades, mediante las cuales grupos de trabajadores exigen justicia.
En días anteriores, en pleno Zócalo de la capital del país, Maximiliano García, ex secretario de la Sección Uno del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), encabezó una protesta de la agrupación Transformación Sindical, integrante de este gremio, frente a las oficinas de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para manifestar su inconformidad por las reglas impuestas para la elección del próximo dirigente sindical.
Protesta que no quedó ahí, el reclamo fue también para Claudia Sheinbaum, a la que le exigieron su intervención para que se liberen para sus familiares las plazas de todos los trabajadores que fallecieron en la pandemia por el Covid-19 en 2020, así como el pago a las viudas de sindicalizados fallecidos y que se les entregue su pensión, y a la vez que les autoricen la plaza por defunción para sus hijos o nietos.
“La gente ya se quedó sin ISSSTE, sin dinero… es triste ir a la caja de previsión y ver cómo la gente está formada sin que los atiendan, sin que nadie les dé la mano ni les apoye para hacer los trámites, y ante el silencio del SUTGCDMX, nosotros estamos denunciando eso”, les gritó a pecho abierto Maximiliano García.
Otro botón de muestra que ilustra este tema, son los 9 mil 763 trabajadores del gobierno capitalino que se organizaron, como el Movimiento Democrático 469 Ciudad de México, para reclamar la retabulación en la nómina de la administración de Claudia Sheinbaum con el objetivo de poderse sindicalizar como sección del SUTGCDMX y poder gozar de las prestaciones que marca la ley laboral.
Natalia Jiménez, empleada en la alcaldía Tláhuac e integrante de este movimiento conocido como los del 469, precisa que todos los integrantes de éste perciben un salario de 3 mil 500 pesos mensuales, es decir, 751 pesos menos de los 4 mil 251 que es el salario mínimo.
“En cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo, nos debieron retabular desde 2018, tiempo en el que le presenté un documento al licenciado Juan Ayala, en ese momento presidente del SUTGCDMX, para que nos sindicalizaran, pero no me lo recibieron, para obtener el dígito 8.9 del tabulador oficial y poder obtener el registro de sección sindical, como manda la ley laboral. Pero nos dijeron que no era el paso correcto. No nos recibió él, fue su secretario, quien nos dijo que el proceso para ello es que el sindicato nos tenía que llevar un formato a nuestras alcaldías para llenarlo. Por eso empezamos la lucha de solicitar la renivelación con el gobierno, y el 1 de octubre de 2020 salimos a la calle a demandar este derecho ante la cerrazón de las autoridades y del sindicato, bajo el nombre Movimiento Democrático 469 Ciudad de México”.
Y así como este testimonio de Natalia, la historia del sindicalismo en México está sobrada de esas opacidades e injusticias y violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Y es aquí donde las miradas de los vecinos del norte están puestas, es cosa de tiempo, es el talón de Aquiles y pareciera que nadie quiere sacudírselo pese a la presión del TMEC y considerado el más ambicioso de los tiempos actuales en la América del Norte.
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