Retraso por incapacidad administrativa


Por Georgina Howard

Aunque ya se logró el registro de 2.5 millones de empleados de nuevas empresas y de nuevas nóminas en los primeros 90 días del plazo original, aún faltan 2.5 millones para registrar la totalidad de los trabajadores.

Y es que si bien la postergación al primero de septiembre de la puesta en vigor de la reforma laboral en materia de subcontratación da un respiro a los empresarios, no es suficiente para que las empresas se pongan en tiempo y forma con la nueva legislación, porque el nuevo decreto no vino acompañado de una mejora para enfrentar la incapacidad administrativa para realizar el cambio de razón social de 5 millones de trabajadores.

En opinión del Colegio de Contadores Públicos de México, la prórroga debe venir acompañada de una revisión de los procesos de la autoridad para enfrentar la saturación en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Infonavit que permitan agilizar los trámites de inscripción al nuevo registro, ya que la firma electrónica (FIEL) es la llave para rubricar y sacar el registro, así como para hacer cambios en el IMSS, pero el mayor problema es que no hay citas para obtenerlas en el SAT.

De ahí que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y algunas otras asociaciones y cámaras industriales consideren que lo conveniente es homologar con el sector público los tiempos hasta el 1 de enero de 2022, para que las dependencias puedan resolver atrasos operativos, sobre todo porque se requiere el registro de las empresas ante la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y que estén dadas de alta las nuevas empresas ante el SAT.

En opinión de la legisladora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, “no es posible que se haya puesto un nuevo plazo que ni siquiera el gobierno puede cumplir”. Sobre todo, dice, porque existen 4.5 millones de mexicanos que están subcontratados y 3 millones de empleados que no han sido migrados y corren el riesgo de quedar en el desempleo.

A pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que son 40 mil compañías en el país las que prestan servicios especializados del llamado outsourcing, sólo poco más de 12 mil han pasado todos los filtros y se han integrado al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

En el padrón hay empresas de limpieza, seguridad, consultoría, hasta grandes constructoras que están en orden para poder ofrecer servicios de subcontratación con la nueva reforma, y para acceder al registro deben estar al corriente con sus cuotas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con sus obligaciones fiscales ante el SAT.

Durante su intervención en el 27 Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social (Foness), organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero, advirtió a las empresas que dar el servicio de outsourcing ya está prohibido en el país y se puede terminar en la cárcel.

En el mismo acto, la directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, dijo que los amparos que se han interpuesto en contra del cumplimiento de la reforma en materia de outsourcing son de empresas que deben cuotas de seguridad social.

Reveló que el 12% de las que están interponiendo el amparo tienen una opinión de cumplimiento negativa. “Se han identificado 321 amparos presentados en 301 registros federales de contribuyentes (RFC)”, los cuales, al cierre de noviembre del año pasado, tenían 147 mil puestos de trabajo, cifra que bajó en 12%, es decir, en 16 mil a agosto de 2021.

“Cuatro de cada 10 empresas que presentaron amparo tenían más de 100 trabajadores asociados, y tres de cada 10 empresas tienen menos de 10 trabajadores asociados, y cuando estas firmas obtienen una suspensión provisional o definitiva, casualmente hacen una migración a los trabajadores al patrón original”.

Aseguró, por último, que el sistema para el Repse no presenta ninguna falla, sino que está rechazando a las empresas por los problemas y pendientes en el statu quo que tienen ante el IMSS, Infonavit y el SAT.