El viacrucis del 10% de la PTU


Por Georgina Howard

La iniciativa privada enfrenta el viacrucis de mantener el reparto del 10% de las utilidades a los trabajadores (PTU) y un alza de los costos laborales y en los precios de los productos, si se prohíbe el outsourcing.

Las propuestas del sector privado están en la mesa de negociación con el gobierno y los legisladores, pues advirtieron que para los inversionistas extranjeros que quieran abrir un negocio en México, el 10% de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) puede representar un impuesto adicional que se suma a todas las obligaciones fiscales que deben pagar.

Si sumamos la tasa de impuestos que México impone a las inversiones extranjeras, es del 42% ya con la PTU, mientras que en Canadá está en el 22% y en Estados Unidos en 24% a las inversiones.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Concanaco-Servytur propusieron, para evitar distorsiones, poner un tope de un mes de salario como pago de utilidades, así como un esquema diferenciado que otorgue más utilidades a los trabajadores de menores ingresos y no contemple a los de confianza o de más alto rango que reciben bonos.

Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, aclaró que la eliminación de la subcontratación se da en un contexto de aumentos al salario mínimo y de una reforma de pensiones que incrementa la cuota patronal, en tanto el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, sugirió que haya un tope para mantener la competitividad de la economía mexicana frente a otros mercados.

En su participación en la mesa de discusión que organizó la Secretaría del Trabajo hace un mes, para analizar estos temas, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que de no fijarse un tope al reparto de utilidades en la reforma al outsourcing, podrían reubicar parte de sus operaciones en otros países.

En este sentido, Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce en México, expresó que las preocupaciones de los empresarios que aglutina, son sus capacidades de seguir operando y compitiendo en México, y propuso un plazo de transición de al menos seis meses, indispensable para la adaptación de las empresas y el gobierno en los trámites obrero-patronales”.

El organismo representa a más de 50 empresas internacionales con presencia en México, entre las que destacan: American Express, Iberdrola, General Electric, DHL, Shell y Siemens.

Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, consideró que conviene discutir las excepciones: empresas de capital intensivo, donde el factor trabajo es muy bajo y el monto de utilidades puede resultar desproporcionado.

En su oportunidad, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió topar el reparto de utilidades y excluir todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de alguna manera con el trabajo y la productividad de los colaboradores.

Ratificó el deseo del gobierno de aprobar una reforma para prohibir el outsourcing y aseguró que no tendrá efectos negativos en el mercado laboral ni pérdida de empleos, como lo vaticinan algunos expertos.

En la charla con los legisladores, Alcalde Luján aseguró que formaron un grupo interinstitucional, pues entienden que esta problemática no sólo es en el mercado laboral también entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Infonavit, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal para detectar las irregularidades en la subcontratación y poder sancionarlas.

Reveló que de estas inspecciones encontramos la probable afectación a los derechos laborales en 862 mil trabajadores, que el 83% de las empresas fiscalizadas subcontrataban al total de sus plantillas, y 17% estaba subcontratando 95 por ciento.

Además, 75% de los trabajadores de esas empresas eran registrados ante el IMSS con salarios menores en actividades diferentes para bajar su prima de riesgos, y un 29% de las empresas supervisadas imponen la renovación mensual de contrato a sus trabajadores, y 95% de las inspeccionadas conseguían a sus trabajadores por medio de pagadoras sin patrimonio propio.

Por lo pronto, sigue en el aire la discusión de estos dos temas.